Diferenciando dos áreas claves del Derecho

En derecho también se siguen modas. Hay áreas que gustan más o menos según la época. Un abogado de larga trayectoria me habló una vez sobre el auge de la propiedad intelectual en la década de los noventa. Cuando internet se comenzaba a asentar, algunos juristas, conscientes de que plagiar había adquirido una facilidad vertiginosa, vieron nicho de negocio en los derechos de autor, marcas y patentes. Y, para ser sinceros, no estuvo mal visto.

De lo que no hay duda es que, en la actualidad, la moda en derecho viene liderada por dos áreas concretas: el LegalTech y el Derecho Digital. Lo cierto es que entre los que nos iniciamos en la abogacía, ninguno descarta ejercer la profesión en algo relacionado con estos ámbitos. Al fin y al cabo son terrenos apasionantes.

Pero, dando paso a la duda que se pretende resolver en esta publicación: ¿conocemos realmente lo que es cada una de estas áreas?

Puede parecer confuso. De hecho, lo es. Incluso a los profesionales del derecho nos cuesta distinguir qué es cada cosa. Me consta que en las universidades más actualizadas, aquellas que están empezando a incorporar estos conceptos, imparten lecciones de Derecho Digital en sesiones cuyo nombre es LegalTech.

LegalTech: cuando la tecnología se pone al servicio del abogado

Para diferenciar estas áreas, conviene tener algo en mente: LegalTech no es una rama del derecho, sino una forma de ejercerlo. Es el punto donde la tecnología se pone al servicio de la abogacía mediante la automatización de contratos, el uso de la Inteligencia Artificial o la implementación de softwares de gestión.

Es decir, el LegalTech transforma el “cómo” se practica el derecho. Aquí se engloban los puestos más vanguardistas como los legal operations, los CIO (Chief Innovation Officers) o los especialistas en gestión documental jurídica.

Pese a ser una disciplina aparentemente nueva, no hay duda de que todo abogado debe permanecer al corriente de la misma. Hoy en día, comprender LegalTech no es opcional, porque la eficiencia y la competitividad de los despachos dependen, en buena medida, de su capacidad para integrar herramientas tecnológicas.

Hace una década, un despacho jurídico moderno se definía por tener una buena biblioteca o un sólido sistema de archivo físico. Hoy, la excelencia pasa por tener un sistema de gestión documental automatizado, un CRM que relacione clientes con expedientes y un repositorio digital seguro que cumpla con los estándares de protección de datos.

Ejemplos de herramientas LegalTech sobran. Plataformas que permiten la gestión integral de casos y comunicaciones judiciales; herramientas de análisis de contratos mediante IA; y soluciones de smart contracts en blockchain, que automatizan la ejecución de acuerdos sin intervención humana.

Estas innovaciones no sustituyen al abogado, pero sí transforman la manera en que este desarrolla su trabajo. De hecho, el profesional que sabe combinar su conocimiento jurídico con habilidades tecnológicas tiene un perfil muy buscado en el mercado actual.

Más que un conjunto de herramientas, el LegalTech representa una mentalidad: la del abogado que no teme a la tecnología, sino que la integra en su práctica. Significa pensar en términos de eficiencia, escalabilidad y mejora de procesos.

El abogado tradicional basaba su valor en la experiencia acumulada. El abogado LegalTech, en cambio, añade valor optimizando su tiempo y el de sus clientes. Sabe usar sistemas predictivos para revisar jurisprudencia, entiende el potencial de la automatización en tareas repetitivas y domina plataformas de firma electrónica o análisis documental avanzado.

No se trata de abandonar la esencia del derecho, sino de reconocer que la profesión ha entrado de lleno en la era digital.

Derecho Digital: la norma frente a la innovación

Por otro lado, el Derecho Digital sí se podría considerar una rama jurídica en toda regla. Esta disciplina tiene su espacio mucho más consolidado en departamentos de firmas de abogados, en boutiques legales o entre abogados internos de grandes compañías.

Esta faceta del derecho se ocupa de regular lo que ocurre en el entorno digital: protección de datos, delitos informáticos, comercio electrónico, derechos en redes sociales, inteligencia artificial o blockchain, pero en su plano más normativo.

Es decir, mientras el LegalTech usa la tecnología para ejercer el derecho, el Derecho Digital regula el impacto de esa tecnología en la sociedad.

El Derecho Digital no es simplemente una extensión del derecho informático clásico. Es un ecosistema jurídico completo que abarca desde la privacidad hasta la responsabilidad algorítmica.

Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) marcó un antes y un después en Europa. La entrada en vigor de esta norma en 2018 obligó a empresas, despachos y administraciones públicas a adaptar sus sistemas, y generó una demanda sin precedentes de abogados especializados en cumplimiento normativo digital.

A esto se suman normas más recientes, como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), que buscan equilibrar la relación entre plataformas tecnológicas, usuarios y competencia.

Y aquí podemos hablar del MiCA (Markets in Crypto-Assets) o del RIA (Reglamento de Inteligencia Artificial), que amplían aún más el marco regulatorio, incorporando aspectos relacionados con criptoactivos, finanzas digitales y sistemas de IA en la sociedad.

En el ámbito penal, el ciberdelito ha evolucionado desde los fraudes por correo electrónico hasta la manipulación de datos, el acoso digital o los ataques de ransomware. Cada avance tecnológico plantea nuevos desafíos jurídicos, y el Derecho Digital actúa como marco de contención frente a esos riesgos.

El punto de encuentro: ética, datos e inteligencia artificial

Ambas áreas, LegalTech y Derecho Digital, se tocan en muchos puntos. El más evidente es el uso de inteligencia artificial.

Por un lado, los abogados usan IA para revisar contratos o predecir resultados judiciales. Por otro, surge la necesidad de regular el uso responsable de esa inteligencia artificial: ¿quién responde si un algoritmo discrimina? ¿qué pasa con los datos personales que emplea o cómo se garantiza la transparencia de sus decisiones?

Este es uno de los debates más actuales en el sector jurídico. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, aprobada en 2024, busca establecer un marco común que garantice la seguridad y los derechos fundamentales. Este es un ejemplo claro de cómo la práctica y la regulación deben avanzar a la par.

También la ética profesional se ha vuelto un punto de convergencia. ¿Hasta qué punto puede automatizarse el trabajo del abogado sin comprometer la confidencialidad o el juicio humano? ¿Debe un despacho informar a su cliente si usa IA en sus procesos internos? Estas preguntas, que hace pocos años habrían parecido ciencia ficción, hoy son temas de debate en congresos jurídicos.

Formación y adaptación del abogado del siglo XXI

Otro elemento esencial en esta conversación es la formación jurídica. Las universidades y escuelas de derecho están empezando a actualizar sus programas, pero todavía de forma desigual.

En muchas facultades, el término LegalTech se usa de forma genérica para referirse tanto a herramientas tecnológicas como a contenidos de Derecho Digital. Esto genera una confusión comprensible. Sin embargo, distinguir entre ambos campos es crucial para formar abogados preparados para el futuro.

Un plan de estudios actualizado debería incluir, por ejemplo, talleres prácticos sobre uso de software de gestión legal, automatización documental y firma electrónica; asignaturas específicas sobre protección de datos, ciberseguridad y delitos informáticos; o módulos de análisis ético y regulatorio de la inteligencia artificial.

El objetivo no es convertir al abogado en programador, sino darle herramientas para comprender el contexto tecnológico en el que ejercerá. El jurista del futuro será, necesariamente, un profesional híbrido: conocedor del derecho, pero también del lenguaje de los datos.

El mercado laboral y la demanda de nuevos perfiles

La irrupción de LegalTech y del Derecho Digital ha transformado también el mercado laboral jurídico.

Los despachos buscan perfiles mixtos: abogados con base jurídica sólida pero que entiendan de automatización, ciberseguridad o análisis de datos. Surgen nuevas posiciones como:

Legal Project Manager, que gestiona los proyectos legales con metodología ágil.

Legal Engineer, que desarrolla herramientas o flujos de trabajo automatizados.

Data Protection Officer (DPO), que vela por el cumplimiento de la normativa de privacidad.

Ethics & Compliance Officer, que garantiza que las prácticas tecnológicas respeten la ley y la ética profesional.

Incluso en la administración pública, empiezan a consolidarse unidades de transformación digital y observatorios legales de innovación tecnológica.

El abogado que entienda estos cambios no solo amplía sus oportunidades laborales, sino que contribuye a modernizar la profesión y a hacerla más accesible y eficiente para los ciudadanos.

Retos actuales y conclusión

Tanto el LegalTech como el Derecho Digital presentan retos importantes.

En el caso del LegalTech, el mayor riesgo es la dependencia excesiva de la automatización. Si el abogado delega demasiado en la tecnología, puede perder parte de su criterio profesional. La línea entre eficiencia y deshumanización es fina.

En el Derecho Digital, el desafío principal es mantener el ritmo de la innovación. Las normas siempre van por detrás de la tecnología: mientras el legislador debate sobre el uso de cookies, la realidad ya está en el metaverso o en los modelos generativos de IA.

En definitiva, aunque a menudo se confundan, LegalTech y Derecho Digital son dos caras de una misma moneda.

El primero impulsa la transformación de la práctica jurídica; el segundo garantiza que esa transformación se desarrolle dentro de un marco legal y ético. Uno moderniza los métodos, el otro asegura las reglas.

La abogacía de hoy no puede entenderse sin ambos. El profesional que aspire a mantenerse relevante deberá conocer las herramientas que facilitan su trabajo, pero también las normas que protegen a quienes viven en un mundo digitalizado.

El futuro del derecho no será solo jurídico ni solo tecnológico: será, necesariamente, una simbiosis entre ambos mundos.