RESUMEN

La custodia compartida es una figura primordial en el Derecho de familia para mantener la responsabilidad de los progenitores en el desarrollo del hijo común y, a su vez, proteger el interés superior del menor. Esta figura ha evolucionado desde su regulación en la Ley 15/2005 y se ha consolidado a través de los criterios jurisprudenciales que emanan del Tribunal Supremo.

En contrapartida, en el Derecho Foral Aragonés, la custodia compartida se configura como régimen preferente, salvo que, la custodia exclusiva resulte más beneficiosa para proteger el interés superior del menor. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón establece que, para determinar el régimen de custodia aplicable, deben analizarse las circunstancias concretas del caso como la edad, arraigo, opinión del menor y capacidad económica. Asimismo, deben tenerse en cuenta cuestiones como alimentos, vivienda o violencia familiar, priorizando el interés superior del menor.

1. INTRODUCCIÓN

La custodia compartida es la materia con mayor peso dentro del Derecho de familia, dado que refleja la evolución del concepto tradicional de familia como de las relaciones entre los progenitores y los hijos tras la ruptura del núcleo familiar. La finalidad de esta figura es garantizar la participación de los ambos progenitores en la crianza, educación y desarrollo de los hijos, situando como principio rector el interés superior del menor.

La evolución normativa y jurisprudencial permite superar, progresivamente, el modelo basado en la atribución de la custodia exclusiva. En este mismo contexto, el Derecho

Foral Aragonés, desempeña un papel relevante, ya que configura la custodia compartida como un régimen preferente. Particularmente, desde la Ley 2/2010, de 26 de mayo, supuso un punto de inflexión en cuanto a la regulación del tipo de custodia que debe aplicarse, siendo preferente la custodia compartida. De igual manera, esta preferencia se vió suspendida por la entrada en vigor de la Ley 6/2019, de 21 de marzo, donde eliminó esta prerrogativa y se dispuso que el juez, analizando las circunstancias de cada caso, aplicaría la custodia más favorable. Finalmente, la entrada en vigor de la ley 1/2025, de 15 de mayo, recuperó el carácter preferente de la custodia compartida.

Sin embargo, la aplicación de la custodia compartida no supone que deba imponerse de manera automática. La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón establece que para poder determinar el tipo de custodia debe analizarse si protege el interés superior del menor.

2. LA CUSTODIA COMPARTIDA EN EL DERECHO COMÚN.

En el Derecho civil común, la custodia compartida puede acordarse cuando ambos progenitores la solicitan o, si no existe acuerdo, a instancia a uno de ellos, siempre que resulte la medida más adecuada para proteger el interés superior del menor. La doctrina del Tribunal Supremo ha precisado que la redacción del artículo 92 del Código Civil no permite considerar la custodia compartida como una medida excepcional, sino una movilidad normal y deseable cuando favorece el derecho de los hijos a relacionarse con ambos progenitores y las circunstancias del caso así lo aconsejan. La decisión exige una valoración individualizada de la prueba, de la relación de los progenitores con los hijos y de las condiciones que permitan un ejercicio responsable de las funciones parentales.

Asimismo, el Tribunal Supremo (en adelante, TS) considera que la custodia compartida no tiene que entenderse como una medida excepcional y así se establece en su doctrina en las STS 257/2013, de 29 de abril y STS 758/2013, de 25 de noviembre. De igual modo, el Tribunal Constitucional dispuso, en su STC 185/2012, de 17 de octubre, que no es necesario el informe favorable del Ministerio Fiscal para poder aplicar la custodia compartida al caso concreto.

La custodia compartida no se identifica como una distribución matemática del tiempo de convivencia entre los progenitores, sino que es una cooperación entre ellos en las decisiones fundamentales para el desarrollo del hijo común como puede ser: el tipo de educación, salud, cuidado, etc. Por ello, se exige que los progenitores cumplan con un grado de cooperación, responsabilidad y capacidad de organización entre ellos. Esta síntesis ha sido refundada por el TS en la Sentencia 758/2013, de 25 de noviembre.

La jurisprudencia del Alto Tribunal ha perfilado los criterios que deben seguir los tribunales inferiores para aplicar la custodia compartida. Principalmente, tras la aprobación de la Ley 15/2005, el TS fijó las pautas fundamentales para aplicar este tipo de régimen que se encuentran en la Sentencia 257/2013, de 29 de abril en su FJ cuarto. Donde destaca la relación de respeto entre los progenitores, el cumplimiento de los deberes parentales, la estabilidad emocional, la capacidad de cooperación y, fundamentalmente, la opinión del menor cuando tenga suficiente juicio.

La aplicación de la custodia compartida se ve reflejado en los datos estadísticos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística. Según los datos analizados, en 2024 se produjeron 86.595 disoluciones matrimoniales de diferentes sexos con hijos menores sobre los que otorga custodia y se aplicó la custodia compartida en un 49,7% frente al 46,6% de la custodia exclusiva materna y el 3,4% de la custodia exclusiva paterna. Este análisis muestra el incremento de la aplicación de la custodia compartida frente al resto de custodias, así como la evolución social por un sistema equitativo en el desarrollo del menor. En el año 2025 se produjeron 80.785 divorcios en el mismo universo estadístico, de los cuales el 50,8% se aplicó la custodia compartida, frente al 45,3% de la custodia exclusiva materna y el 3,4% de la custodia exclusiva paterna.

3. LA SINGULARIDAD DE DERECHO FORAL ARAGONÉS

La particularidad del Derecho aragonés se basa en la configuración de la custodia compartida como un régimen preferente. El artículo 80.2 del CDFA determina que, en interés del superior del menor, el juez aplicará preferentemente la custodia compartida, salvo que la custodia exclusiva resulte más conveniente.

Este enfoque supone una diferencia respecto a la configuración del artículo 92 del Código Civil. Como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mientras el Derecho común parte de una concepción más favorable de la custodia exclusiva, el legislador aragonés optó por establecer la convivencia compartida como punto cardinal en la ruptura del núcleo familiar.

La finalidad de esta decisión está vinculada en la cooperación parental. Pretende que la ruptura de pareja no implique, a su vez, la ruptura con los hijos. Desde esta perspectiva, la custodia compartida busca mantener la relación entre los progenitores y los hijos, como también, continuar con las responsabilidades parentales.

Lo relevante y el objetivo del legislador aragonés es que ambos progenitores mantengan una participación activa en la vida del menor, atendiendo a las necesidades y circunstancias familiares.

4. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO LÍMITE DE LA PREFERENCIA

La preferencia de la convivencia compartida no significa que sea un derecho absoluto de los progenitores ni una obligación automática para los tribunales. El elemento fundamental de este tipo de régimen es proteger el interés superior del menor.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ) de Aragón 23/2019, de 25 de noviembre, manifiesta que la preferencia de la custodia compartida no es absoluta, siguiendo con la regulación anterior del artículo 80.2 CDFA, puede aplicarse la convivencia individual cuando, tras analizar la prueba propuesta por las partes, se considere que protege el interés superior del menor. En este caso, para proteger el interés superior del menor se da preferencia a la custodia individual.

Otro de los ejemplos, es la STSJ Aragón 2/2020, de 15 de enero. En esta sentencia, dictó bajo la redacción de la Ley 2/2010 y se tuvo en cuenta las limitaciones del padre, la distancia entre domicilios y la falta de una propuesta por las partes, no hace viable que se pueda aplicar la convivencia compartida al caso concreto.

5. VENTAJAS Y DIFICULTADES DE LA CUSTODIA COMPARTIDA

Entre las principales ventajas de la custodia compartida está el mantener una relación equilibrada entre los hijos y los progenitores. De igual modo, favorece la responsabilidad en las tareas educativas, de cuidado y reduce el sentimiento de pérdida asociado a la ruptura del núcleo familiar. Esta repercusión positiva se recogió en la Sentencia del TS 391/2015, de 15 de julio.

Por contraparte, también existen dificultades. La necesidad de una cooperación constante entre los progenitores puede generar un aumento de la conflictividad entre ellos. Asimismo, el menor debe adaptarse a dos domicilios y pueden surgir dificultades económicas derivadas de mantener dos viviendas. De igual modo, las diferencias entre los criterios educativos pueden generar una fuente de conflictos entre los progenitores.

Para ello, la viabilidad de la custodia compartida exige valorar las circunstancias concretas de la familia. En este ámbito, adquiere una gran importancia instrumentos como el plan de relaciones familiares y la mediación familiar, cuyo objetivo es concretar la responsabilidad de cada progenitor y favorecer soluciones consensuadas.

6. ALIMENTOS, VIVIENDA Y VIOLENCIA FAMILIAR

La custodia compartida no elimina las obligaciones económicas respecto a los hijos. La existencia de una convivencia distribuida entre ambos progenitores no implica la desaparición de la pensión de alimentos. La Sentencia del Tribunal Supremo 55/2016, de 11 de febrero, establece que se puede mantener la pensión de alimentos cuando hay una diferencia relevante de las capacidades económicas entre los progenitores, ya que la contribución puede adecuarse a las necesidades del menor como a los medios de quien debe satisfacerla.

En contrapartida, el CDFA regula la pensión de alimentos en su artículo 82 en que salvaguarda la contribución de los progenitores en el desarrollo de los hijos. En este caso, el juez va a determinar los gastos según las necesidad de los hijos. Así mismo, el juez da a los propios progenitores la separación entre los gastos necesarios como los extraordinarios.

Asimismo, la atribución de la vivienda familiar plantea especiales dificultades en los supuestos de custodia compartida. La jurisprudencia ha analizado fórmulas como la “casa nido”, aunque el Tribunal Supremo considera que este sistema requiere, en principio, acuerdo entre los progenitores y unas circunstancias que permitan su adecuada aplicación. Este sistema se apoya en la STS 1312/2024, de 14 de octubre, donde considera que si uno de los progenitores se niega a imponer ese modelo, no puede aplicarse dado que existe un elevado nivel de entendimiento y puede convertirse en una fuente de conflictos.

En el Derecho Foral Aragonés, fija la atribución de la vivienda familiar en el artículo 81.1 CDFA. En dicho artículo, dispone que la vivienda se atribuye al progenitor que tenga más dificultades para tener acceso a la vivienda.

Finalmente, la protección del menor constituye un límite especialmente relevante en situaciones de violencia familiar. El artículo 92.7 del Código Civil determina la restricción de la custodia compartida cuando concurran procedimiento penales o indicios de violencia de género o doméstica, primando la protección del menor por encima de cualquier pretensión de los progenitores. En este sentido, existe una coincidencia entre el Derecho Foral Aragonés y el Código Civil común.

7. CONCLUSIÓN

La evolución de la custodia compartida refleja una transformación del Derecho de familia hacia un modelo basado en la cooperación parental y en la participación de ambos progenitores. En este proceso, el Derecho Foral Aragonés ha ido desarrollado una regulación singular al configurar la custodia compartida como régimen preferente.

En consecuencia, la cuestión no debe plantearse exclusivamente desde la perspectiva de los derechos de los progenitores, sino desde la protección integral del interés superior del menor. La custodia compartida puede favorecer la continuidad de las relaciones familiares y la corresponsabilidad parental, pero su eficacia exige combinar la preferencia legal – en el régimen aragonés vigente – con una valoración judicial individualizada de las circunstancias de cada caso, reforzando cuando proceda, mecanismos como la mediación y el plan de relaciones familiares.

La custodia compartida puede favorecer la continuidad de las relaciones familiares y la corresponsabilidad, pero su eficacia en el futuro de este régimen exige combinar la preferencia legal con una valoración judicial individualizada, reforzando mecanismos como mediación y el plan de parentalidad.

En definitiva, el modelo aragonés evidencia que la custodia compartida puede constituir un instrumento adecuado para garantizar la corresponsabilidad parental, siempre que su aplicación responda a su verdadera finalidad: asegurar, ante todo, el bienestar y el interés superior del menor.