Resumen:

Las obligaciones condicionales son aquellas cuya eficacia depende de que se verifique un suceso incierto. Una de estas posibles condiciones es la voluntad de un tercero y nada impide que dicha voluntad se emita como aprobación de la prestación que debe ejecutar una de las partes. En este artículo, se trata este tipo de supuestos, se desarrollan las prevenciones que deben tener las partes que redactan cláusulas con condiciones suspensivas de este tipo y qué ocurre si el tercero sencillamente no quiere aprobar la prestación.

Artículo:

El Código Civil («CC») regula las obligaciones condicionales en los artículos 1113 a 1124. Resumidamente, las obligaciones condicionales son aquellas que dependen de que se verifique un suceso para desplegar sus efectos. Se hacen necesarias aquí dos aclaraciones, en la medida en que serán temas que más adelante exploraremos.

La primera es que usamos el término «verificar» porque, ex artículo 1113 del CC, podemos referirnos a un suceso pasado, pero la obligación permanecerá suspendida mientras los interesados lo ignoren. Como ha declarado el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, la condición de carácter suspensivo es un aplazamiento del negocio convenido, de tal forma que, hasta el cumplimiento de la condición, el nacimiento o la resolución de la relación jurídica están sometidos a un evento futuro, más o menos incierto (vid. la sentencia n.º 1174/2008, de 9 de diciembre [ECLI:ES:TS:2008:6715], FJ 6º).

La segunda es en referencia al suceso, que no puede ser de imposible cumplimiento (ex artículo 1116 del CC) y deberá depender de la suerte o de la voluntad de un tercero ex artículo 1115 del CC. Este artículo trata precisamente sobre ese tercero que, evidentemente, no puede ser ninguna de las partes: el CC no solo recoge en su artículo 1256 la prohibición de que el contrato quede al arbitrio de una de las partes, sino también sanciona este supuesto con la nulidad en su artículo 1115.

Es innegable que las partes otorgan un amplio poder a este tercero. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con otras figuras como los mandatarios, este poder no se concede en virtud de un contrato, de tal forma que el «tercero» no tiene un derecho ni una obligación en sentido estricto. Es paradigmático el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo («STS») n.º 570/2015, de 22 de octubre (ECLI:ES:TS:2015:4288), en el que la eficacia del contrato se había subordinado a la voluntad de un ayuntamiento en un plazo determinado, de tal forma que el contrato se resolvería si no se aprobaba un planeamiento urbanístico en el plazo de cuatro años. El ayuntamiento no aprobó el plan, la condición resolutoria se activó y el Tribunal Supremo confirmó la resolución del contrato.

Es evidente que, por el hecho de que la aprobación del planeamiento urbanístico se integrara en un contrato privado, ello no generaba derechos u obligaciones al ayuntamiento. En el ejercicio de su potestad, el ayuntamiento no estaba sometido a lo dispuesto en los artículos 7 o 1258 del CC, relativos al ejercicio de buena fe de los derechos y al deber general de buena fe en las obligaciones. Lo mismo ocurriría respecto de cualquier tercero, aunque fuera un particular.

En este punto, parece pertinente dejar anotado que, en el CC, existen otros «terceros» que parecen encontrarse en una situación similar, tales como el tercero al que el testador encomienda la distribución de cantidades dejadas en general a clases determinadas (artículo 671 del CC) o el que aprueba una obra (artículo 1598 del CC). El CC ideó estos «terceros» como una suerte de arbitradores que, en palabras de Luis Díez-Picazo, forma parte del negocio privado de las partes. No deja de ser relevante que, con ocasión de distinguir entre árbitro y arbitrador en su comentario a la STS de 18 de mayo de 1973, Luis Díez-Picazo expuso que «es arbitrador el tercero a quien las partes se remiten para que apruebe la obra realizada» (Anuario de Derecho Civil, La distinción entre árbitros y arbitradores y el artículo 1.690 Código civil, disponible en el sitio web del Boletín Oficial del Estado).

El presente artículo trata precisamente de qué ocurre si esta aprobación de un tercero es necesaria para la eficacia del contrato.

La condición consistente en la voluntad de un tercero de aprobar la prestación

No es tan inusual que la condición dependiente de la voluntad de un tercero sea que este tercero emita una declaración por la que apruebe la prestación llevada a cabo por una de las partes. Por ejemplo, en las relaciones de franquicia, es habitual que la ejecución de la obra del local franquiciado se someta a la aprobación del franquiciador, de tal forma que este pueda verificar que el local franquiciado cumple con la imagen de marca. Incluso podemos pensar en la obra ejecutada por un subcontratista y que debe aprobar el promotor, o el vestido de novia que debe ser aprobado no solo por la afortunada, sino también por un familiar.

En estos casos, la solución del CC para el contrato de compraventa parece difícilmente extrapolable. En los casos de venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida, el artículo 1453 del CC los presume realizados bajo condición suspensiva. La operativa que se deriva es sencilla: el bien es verificable antes de la entrega, por lo que la obligación puede diferirse a la aceptación.

No obstante, si una de las partes es deudora de una obligación de hacer, su realización es necesaria para que el tercero pueda aprobarla. En otras palabras, lo esperable es que la condición solo mantenga suspendida la contraprestación (el pago de parte o la totalidad del precio) y que la obligación de hacer sea exigible a su deudor. Este no es el único caso en el que se advierte que el legislador era consciente de que la operativa era más sencilla en las obligaciones de dar: lo vemos también en el artículo 1120 del CC, que dispone que los efectos de las obligaciones condicionales se retrotraigan al día de su constitución. Así, en su primer párrafo, se instituye la regla de la compensación recíproca de frutos e intereses en las obligaciones de dar. Ahora bien, cuando llegamos al segundo párrafo, relativo a las obligaciones de hacer y no hacer, resulta evidente que esta solución es difícilmente exportable. De esta forma, en su lugar se prevé que sean los tribunales quienes determinen «en cada caso, el efecto retroactivo de la condición cumplida».

Puesto que el deudor de la obligación de hacer debe llevar a cabo su actividad para someterla a la aprobación del tercero, no es descabellado considerar que esta condición no es suspensiva sino resolutoria, de tal forma que su falta de aprobación resuelva el contrato y deba procederse a la retroacción de las actuaciones. En este caso, sería prudente que las partes regularan de antemano cómo operará la retroacción, ya que de lo contrario las partes deberán recurrir al auxilio judicial para que sean los tribunales quienes decidan cómo opera la retroacción, como hemos expuesto anteriormente (artículo 1123 del CC in fine que remite al artículo 1120 del CC).

¿Y si el tercero no quiere prestar su voluntad?

En este punto nos preguntamos: ¿y si el tercero no quiere prestar su voluntad? Como adelantábamos, por regla general, no existe disposición legal o pacto contractual que pueda obligarle a emitir la declaración por la que apruebe una prestación.

Es paradigmático el caso de las aprobaciones urbanísticas a las que nos referíamos anteriormente: más allá de los recursos administrativos y contencioso-administrativos, las partes de un contrato no tendrían forma de obligar a la administración a aprobar un planeamiento urbanístico, conceder licencias o cualquier otro trámite que se requiera.

Puede ocurrir que para las partes sea imposible que el tercero preste su voluntad. Siguiendo los ejemplos anteriores, puede ocurrir que el franquiciador no confíe en el constructor y se niegue a dar su aprobación, o que el promotor juzgue la obra conforme a estándares de calidad distintos a los de las partes.

Si esto es así, las partes podrían valorar que la condición ha devenido imposible en el sentido del artículo 1116 del CC. Ello supondría la «anulación» de la obligación y la consecuente resolución conforme al artículo 1303 del CC, como ha declarado el Tribunal Supremo, per omnes, en su sentencia n.º 159/2003, de 21 de febrero (ECLI:ES:TS:2003:1176).

No obstante, el Tribunal Supremo ha aclarado que la imposibilidad del artículo 1116 del CC se refiere más bien a condiciones que fueran imposibles ab initio. Ello encaja bien con el hecho de que la consecuencia jurídica sea contraria al principio general de conservación de los contratos.

Nos referimos en particular a la sentencia n.º 762/1993, de 19 de julio (ECLI:ES:TS:1993:5496) en la que el Tribunal Supremo distinguió entre una condición imposible y otra «sobrevenida como irrealizable» por causas ajenas a las partes. En este segundo caso, la frustración de la condición conlleva que la obligación condicional pase a ser una «obligación sin trabas» o, lo que es lo mismo, la condición se entiende por cumplida y la obligación despliega todos sus efectos.

Para el Alto Tribunal, ello deriva de los artículos 1113, 1114 y 1117 en relación con el 1278 del CC (obligatoriedad de los contratos) y el 1279 del CC (aplicable por referirse a contratos sometidos a requisito de forma). La referencia al artículo 1117 parece poco acertada, ya que esta norma se refiere a la extinción de la obligación cuando «fuera ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar», si este debía suceder en un tiempo determinado.

En este punto, son interesantes las SSTS n.º 652/2022, de 11 de octubre (ECLI:ES:TS:2022:3610) y n.º 258/2013, de 24 de abril (ECLI:ES:TS:2013:2075), en las que el Alto Tribunal apreció que la falta de aprobación urbanística (esto es, el hecho de que un tercero no emitía su aprobación) determinaba una «imposibilidad sobrevenida de cumplimiento». No obstante, aquí finalizan las similitudes, pues en dichos casos la imposibilidad de cumplimiento se refería a la obligación principal, no a la condición, y por ello la solución jurídica era distinta. En lugar de determinar que las partes debían cumplir con el contrato por desaparecer «todo obstáculo impeditivo para ello», por mandato del artículo 1184 del CC hubo de declarar que los deudores quedaban liberados de cumplir con una prestación imposible y, en definitiva, declaró la resolución de los contratos.

En definitiva, es perfectamente posible que la eficacia del contrato dependa de que un tercero apruebe la prestación. En estos casos, es aconsejable que las partes regulen los efectos de la aprobación o de la falta de ella, ya que de lo contrario las partes habrán de recurrir al auxilio judicial. Y, en caso de que sea verdaderamente imposible obtener la aprobación del tercero, el contrato pasa a desplegar todos sus efectos, sin las trabas de la condición.